En el mismo trimestre, los tribunales españoles resolvieron un total de 861.445 asuntos, un 45,7 por ciento menos que un año antes; por su parte, los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre sumaron 3.057.356, cifra que, con un incremento interanual del 15,3 por ciento, representa la pendencia más alta registrada desde el cuarto trimestre de 2011.
En la jurisdicción Civil ingresaron 435.452 asuntos, un 26,6 por ciento menos respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 303.342 asuntos, un 49,1 por ciento menos, y quedaron en trámite 1.695.446, un 15 por ciento más que al final del segundo trimestre de 2019. De los asuntos pendientes, 262.527 corresponden a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física en los juzgados de primera instancia (cláusulas abusivas).
En la jurisdicción Penal tuvieron entrada 523.748 asuntos, dato que supone una disminución interanual del 35,4 por ciento; se resolvieron 474.312 asuntos (un 42,3 por ciento menos) y quedaron en trámite 806.355 asuntos (un 15,5 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019).
La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, la más afectada
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 28.869 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 56,9 por ciento, la más elevada de todas las jurisdicciones. Se resolvieron 36.148 asuntos, lo que supone un 41,4 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 206.547 asuntos, un 6,6 por ciento más.
La jurisdicción Social ingresó 71.763 asuntos, un 34,2 menos que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 47.611 asuntos, un 55,5 por ciento menos, y quedaron en trámite 348.948 asuntos, un 22,4 por ciento más.
Canarias, Murcia y Andalucía, los territorios con mayor litigiosidad
La declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la crisis sanitaria también tiene su reflejo en los datos referidos a la litigiosidad. La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 22,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, 11,3 puntos más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2019.
Por territorios, las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (31), Murcia (26,1), Andalucía (25,1), Illes Balears y Cantabria (22,9), Madrid (22,7), Comunidad Valenciana (22,6) y Asturias (22,5). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (14,3), y País Vasco (16,2) y Extremadura (17,2) (*).
(*) Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, provisionales, a 1 de enero de 2020.
(Fuente: Consejo del Poder Judicial, 30/9/2020)
Puede consultar la totalidad de los datos correspondientes al segundo trimestre de 2020 en el siguiente enlace:
SOLUCIONES JURÍDICAS DESDE LA EXPERIENCIA Y EL CONOCIMIENTO
(Fuente: Abogacía Española. Consejo General. Mercedes Núñez Avilés)
Abogado
Están aumentando los litigios de hoteleros para reequilibrar el reparto de pérdidas entre las partes del contrato
Responsable del Departamento de Derecho Procesal-Civil de la oficina de MONTERO ARAMBURU ABOGADOS de Santa Cruz de Tenerife, su actividad profesional se desarrolla en el campo procesal en materia civil y contencioso-administrativa. Tiene amplia experiencia en procedimientos judiciales en materia de defectos constructivos, obligaciones y contratos, sucesiones y responsabilidad civil contractual y extracontractual.
Nos explica la normativa existente para la protección del consumidor, las posibles negociaciones antes de optar a la resolución del contrato por parte de agencias, hoteleros y turoperadores, que se enfrentan a reclamaciones en cadena por la falta de liquidez. Las cancelaciones no han hecho sino agravar la delicada situación económica que atraviesa el sector, así como las tensiones entre las empresas que lo componen. No solo están recibiendo muchas consultas por incumplimientos contractuales, ya empiezan a aumentar las demandas cruzadas, para equilibrar el reparto de pérdidas entre las partes del contrato en el sector turístico.